LO MUY OSCURO. La corrupción en México posee una biografía más estable que cualquiera de sus Constituciones. Nace con acta virreinal, sobrevive a la Independencia, se acomoda a la República, se disciplina con la Revolución y llega a 2025 con traje institucional, retórica moral y presupuesto aprobado.
Cambian banderas, credos y siglas; permanece intacta la función central del poder que se traduce en extraer, proteger y repartir beneficios entre quienes lo administran.
Todo comienza temprano. En la Nueva España, el cargo público surge como mercancía. La venalidad de oficios convierte alcaldías, corregimientos y juzgados en activos financieros. Gobernar equivalía a recuperar la inversión mediante cobros indebidos, privilegios y control territorial. Nuño de Guzmán, presidente de la Primera Audiencia, inaugura la tradición con violencia abierta, despojo sistemático y esclavización indígena. Su caída llega cuando el daño resulta irreversible. El sistema aprende rápido… el castigo siempre ocurre después.
El modelo se perfecciona con el repartimiento de mercancías. Autoridades obligan a pueblos enteros a adquirir productos inútiles a precios inflados. Comerciantes financian al funcionario; el funcionario garantiza el cobro mediante coerción. La Corona observa, legisla, simula corrección. En 1786 aparece la Real Ordenanza de Intendentes, intento ilustrado por ordenar finanzas y limitar abusos. El papel circula. El abuso continúa.
Los mecanismos de control colonial ofrecen apariencia de justicia. El juicio de residencia revisa al funcionario cuando el botín ya cambió de manos. Las visitas generales prometen limpieza administrativa. José de Gálvez recorre el virreinato entre 1765 y 1771 y documenta contrabando, colusión fiscal, enriquecimiento ilícito y redes cerradas de poder. Destituciones ocurren. El sistema respira, se recompone y sigue.
La Independencia elimina virreyes y conserva hábitos. El siglo XIX hereda un Estado capturado por caudillos.
El Porfiriato profesionaliza la administración y perfecciona la alianza entre capital privado y poder político. Concesiones ferroviarias, mineras y energéticas construyen fortunas bajo protección oficial.
La Revolución promete ruptura; el régimen posrevolucionario reorganiza el mismo esquema bajo disciplina partidista.
Durante décadas, la corrupción funciona como lubricante del sistema político. El presupuesto se reparte como premio. La obra pública paga lealtades. El castigo selectivo sirve como advertencia. La alternancia del año 2000 renueva expectativas y conserva incentivos. Cambia el color del poder; el método sobrevive.
En 2015, el país anuncia redención institucional. Nace el Sistema Nacional Anticorrupción con fiscalías, tribunales, auditorías y comités ciudadanos. La arquitectura luce impecable. La práctica revela otra cosa. Investigaciones lentas, expedientes acumulados, sanciones escasas. El sistema aprende a convivir con su propio espejo.
Las cifras hablan con crudeza. La ENCIG 2023 del INEGI registra que 14 por ciento de las personas que trataron con servidores públicos enfrentaron actos de corrupción. El costo económico supera los 11 mil 900 millones de pesos en un solo año. La mordida opera como impuesto paralelo, heredero directo del repartimiento colonial.
El deterioro internacional confirma la tendencia. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, México obtiene 26 puntos de 100 y cae al lugar 140 de 180 países. El dato retrata estancamiento institucional y protección política sostenida.
Los nombres contemporáneos forman su propio panteón. Emilio Lozoya Austin encarna la corrupción corporativa de alto nivel con su Odebrecht, Agronitrogenados. Financiamiento ilegal de campañas. Confesiones públicas circulan; responsabilidades mayores se diluyen.
Genaro García Luna representa la captura extrema del Estado, donde la seguridad pública es convertida al servicio del crimen organizado, sobornos millonarios, condena en tribunales extranjeros que exhibe el fracaso interno.
Segalmex, creada para garantizar alimentos a los sectores más vulnerables, se transforma en símbolo del saqueo institucional. Ignacio Ovalle Fernández, figura histórica del aparato público, queda ligado a un desfalco estimado en más de 15 mil millones de pesos mediante contratos irregulares con empresas fachada y triangulación de recursos. Auditorías documentan. Procesos avanzan fragmentados. El patrón se repite.
¿Y luego? Exgobernadores completan el cuadro. Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington. Endeudamiento masivo, más empresas fantasma, patrimonios personales construidos desde el erario. Algunos pisan prisión. Otros negocian. El mensaje sistémico permanece. El riesgo resulta calculable.
En 2025 la corrupción mexicana exhibe madurez operativa. Sustituye sobres por contratos, favores por asesorías, mordidas por intermediarios financieros. Se blinda con lenguaje legal, se protege con fueros informales, se justifica con retórica moral. Cada sexenio promete erradicación. Cada administración descubre que el sistema castiga a quien rompe el pacto.
Desde Nuño de Guzmán hasta Segalmex, desde el repartimiento forzoso hasta la triangulación digital, la historia mexicana muestra una escuela que evoluciona y se magnifica. El poder aprende rápido, se adapta mejor y se protege siempre. La corrupción deja de ser desviación y se consolida como método de gobierno, mecanismo de control y herencia política transmitida con precisión quirúrgica.
Mientras las consecuencias reales sigan siendo excepcionales y el castigo alcance solo a eslabones intermedios, esta crónica continuará escribiéndose como una tradición que jamás necesitó permiso para existir.
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